El tarifazo que vino con la lluvia

A los trastornos que habitualmente entraña circular por el Área Metropolitana cuando llueve intensamente, se sumaron ayer los ocasionados por un paro de colectivos –a raíz del asesinato de un chofer durante un asalto– y el aumento del precio del boleto de subterráneo, que pasó a costar $4,50 para quienes lo abonan con las tarjetas SUBE o Monedero y $5 para quienes lo hacen en efectivo.

El incremento, que comenzó a regir ayer, se instrumentó a pesar de que dos legisladores interpusieron sendos recursos de amparo en su contra, sobre los cuales la magistrada interviniente aún no se había expedido al cierre de esta edición.

La medida en cuestión es parte de un complejo sistema de tarifa escalonada según la cantidad de viajes, del que informamos ampliamente el 4 de enero último.

Los amparos

El primero que interpuso un recurso de amparo para frenar el aumento fue el diputado de la Ciudad Alejandro Bodart (MST), quien opinó que “en vez de aumentar el boleto y los subsidios estatales a la concesionaria privada, como se viene haciendo, habría que reducir sustancialmente tanto el pasaje como los subsidios”.

En la presentación, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, a cargo de Elena Liberatori, el legislador pone de manifiesto “la situación de desamparo y afectación de derechos de la totalidad de los ciudadanos usuarios del subterráneo”, y califica el aumento como “una medida arbitraria e irrazonable por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Puntualiza asimismo que el Gobierno de la Ciudad “convocó el pasado 7 de febrero a una audiencia pública, aunque como mero recaudo formal, toda vez que la opinión de los distintos ciudadanos y usuarios de subte –mayoritariamente contraria al aumento– no solamente no ha sido oída por el titular de SBASE [Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado], quien se retiró al poco tiempo de exponer su supuesto ‘informe técnico’, sino que la misma no resulta vinculante a los efectos de disponer o no un nuevo tarifazo”.

Destaca Bodart que “con la tarifa que regirá desde el 14 de marzo, el pasaje acumulará un 309% de aumento en 26 meses, porcentaje unas seis veces superior a los promedios de aumentos salariales del mismo período”.

Y subraya: “Esta nueva suba de la tarifa se da, asimismo, en el marco de un notable aumento de los subsidios estatales destinados al concesionario privado del subte, la empresa Metrovías, del Grupo Roggio, consistentes en la suma de $980.000.000 este año. Es decir, con relación al año 2013 se incrementó en un 40% el presupuesto destinado a subsidiar el subte en 2014”.

El jueves último, la magistrada había librado una cédula al Ejecutivo porteño ordenándole responder a los argumentos del legislador en el plazo de 24 horas. Según trascendió, el Gobierno habría enviado un material tan voluminoso que la jueza no pudo analizarlo en su totalidad antes del fin de semana.

Al respecto, Bodart declaró: “Por más papeleo que le presente, el Gobierno macrista no logra desmentir el informe de la Auditoría porteña sobre los costos inflados por Metrovías. Además, las subas de pasajes y subsidios fueron muy superiores a la inflación”.

Por su parte, sus colegas Gustavo Vera y Pablo Bergel (Verde Alameda) junto con Facundo Di Filippo (MC) presentaron un nuevo recurso de amparo, que también será estudiado por la jueza Liberatori, y que apunta a que se declare la nulidad de la resolución que dispuso el aumento y se suspendan su vigencia y efectos.

Los demandantes sostienen que “el aumento de la tarifa de subte es ilegal en tanto que no se estableció la tarifa técnica actualizada, esto es, la tarifa que refleja el valor real de lo que cuesta el servicio de subte, y no se brindó la información adecuada para evaluar los costos del servicio en audiencia pública”.

Subrayan además que la empresa “Metrovías percibe todo lo recaudado por boletos/tarifa, más el subsidio que cubre la diferencia entre los costos reales y la tarifa que pagan los usuarios” y que “siempre se asegura los recursos, ya sea por tarifa o por subsidio, pero para la ciudad el resultado es negativo” pues redunda en “un subte más caro, más inaccesible, y menos pasajeros transportados”.

Denuncias de un delegado de los trabajadores

A su vez Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B del Subte, formuló declaraciones en las que, entre otras cosas, denunció accidentes por falta de mantenimiento del servicio.

En primer término, manifestó: “En la Audiencia Pública del 7 de febrero, llamada para discutir la tarifa, denunciamos que era todo un circo para no discutir nada y que la decisión del tarifazo ya estaba tomada. Efectivamente, el macrismo desoyó todas las denuncias que hicimos en la Audiencia y garantizó un nuevo negociado para Metrovías, la empresa del Grupo Roggio”.

Y fustigó: “Es un negociado para una empresa que lleva años sin invertir un peso, lo cual tiene consecuencias fatales: junto con el pésimo servicio que todos sufrimos a diario, en los últimos años murieron cuatro trabajadores y hubo decenas de accidentes de pasajeros por falta de mantenimiento”.

Señaló la necesidad de “frenar el aumento en el camino de la salida de fondo, que es dejar de subsidiar a los parásitos como los Roggio y sus negociados y que el Subte sea estatizado y puesto bajo control de los trabajadores y los usuarios, ya que somos los únicos interesados en tener un buen servicio”.

Por último, Dellecarbonara advirtió: “Lo mismo hace el Gobierno nacional, que le otorgó a este mismo Grupo Roggio la concesión de las líneas Mitre y San Martín del ferrocarril. Ambos gobiernos coinciden en garantizar negociados para los empresarios y descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, como lo vemos con la devaluación, los tarifazos o los techos a las paritarias”.