Polémica entre poderes

El precio del boleto de subterráneo es motivo de discrepancia entre los tres poderes que componen el Estado porteño.

Mientras el Ejecutivo insiste en sostener la medida que elevó el importe a $4,50, miembros de la Legislatura presentaron un amparo para frenar ese aumento y una jueza emplazó al Gobierno de la Ciudad para que adecue o rectifique la tarifa.

Ayer, el diputado Alejandro Bodart (MST), quien fue el primero en presentar un recurso de amparo en contra del aumento, hizo un nuevo aporte al debate al comentar la apelación del Ejecutivo porteño a la referida resolución judicial.

Como informamos oportunamente, la presentación de Bodart, que solicitaba la suspensión de la medida que dispuso el aumento, recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, a cargo de Elena Liberatori.

La magistrada dijo carecer de los elementos técnicos necesarios para dictaminar sobre la razonabilidad de ese incremento, cuya carencia esgrimía Bodart como uno de los argumentos de su presentación, y resolvió otorgar una medida precautoria distinta de la solicitada. Así, ordenó al Gobierno de la Ciudad que en un plazo de cinco días hábiles tome las medidas para corregir los desequilibrios del nuevo sistema tarifario, y sugirió que la tarifa fuera de $3,90 o inferior.

Como era de prever, el Ejecutivo apeló. Lo anunció el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien en declaraciones al programa que conduce Fernando Bravo por radio Continental, dijo que “el fallo en sí no es nada claro”. Acerca del nuevo esquema tarifario, cuestionado por la jueza, manifestó: “Los que viajan más pagan menos; no es un invento nuestro, funciona en todo el mundo y favorece a los trabajadores que van y vienen todos los días”.

Ni corto ni perezoso, Bodart replicó: “Si Larreta ‘no entiende’ el fallo, yo se lo aclaro: el martes 25 deben bajar la tarifa y readecuar todo el sistema de abonos. Apelan para favorecer a Metrovías a costa del usuario”.

Y agregó: “Larreta dice que ‘en todo el mundo quien viaja más paga menos’ pero omite tres datos clave: que en todo el mundo los subtes son un servicio estatal y no un negocio privado, que el boleto está integrado con los otros transportes y que en relación con los salarios la tarifa es más barata. Eso además de los millones en subsidios que recibe Metrovías”.

El Gobierno de la Ciudad efectivizó la apelación el jueves último; en declaraciones periodísticas, el procurador general, Julio Conte Grand, consideró que “el fallo no es aplicable” y que existe una invasión de la Justicia sobre una facultad propia del Poder Ejecutivo, como es la de establecer tarifas.

Ayer, Bodart incorporó un nuevo ingrediente a la polémica cuando expresó que “el Gobierno macrista apeló, demostrando una vez más que no trabaja para los usuarios –incluidos aquellos que lo votaron– sino para asegurarle las ganancias a Metrovías”.

Y anunció: “Estoy trabajando mi contestación para refutar todas sus falacias, que llevan la marca de la concesionaria privada”.

Estimó  también que “los argumentos de la apelación macrista son ridículos” y precisó: “Dicen que un diputado no puede presentar amparos, como si no tuviera los mismos derechos de cualquier ciudadano. Dicen que la Justicia no puede frenar una medida del Poder Ejecutivo, como si no hubiera división de poderes. Y dicen que el fallo ‘no es claro’, cuando textualmente ordena bajar la tarifa, readecuar todo el cuadro tarifario y propone un máximo de 3,90 pesos”.