Privatizaron el sistema público de bicicletas

En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad Autónoma sancionó la ley que autoriza al Ejecutivo local a concesionar, por un plazo de diez años, la prestación y explotación del sistema de transporte público en bicicleta, cuyo uso continuará siendo gratuito durante ese lapso.

La iniciativa provino precisamente del Ejecutivo local y, teniendo en cuenta el receso legislativo de enero y febrero, fue objeto de un trámite parlamentario expeditivo, puesto que el proyecto fue enviado a la Legislatura el 1° de noviembre del año último, pasó por las comisiones de Tránsito y Transporte y de Presupuesto, fue tratado en primera lectura en la sesión del 7 de diciembre, resultando aprobado con 41 votos positivos y una abstención del entonces legislador Adrián Camps (PSA), y la audiencia pública correspondiente fue la primera de este año y se realizó el 5 de este mes; en su transcurso, funcionarios del Gobierno de la Ciudad informaron que “hoy contamos con 200 kilómetros de ciclovías y bicisendas, 200 estaciones, 2.500 bicicletas y 250.000 usuarios diarios”. Finalmente, el proyecto se aprobó definitivamente anteayer.   

En su primer artículo, la nueva ley autoriza “al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte u organismo que en el futuro la reemplace, a concesionar la prestación integral, modernización, operación, mantenimiento y explotación, del Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el llamado a Licitación Pública, por un plazo máximo de diez (10) años”.

La flamante norma especifica que ese sistema se compone, en primer lugar, de “estaciones de distribución y estacionamiento”, ubicadas “dando prioridad a lugares estratégicos” como terminales ferroviarias, de subterráneos, de ómnibus y fluviales, centros de trasbordo de transporte público, espacios verdes y recreativos, establecimientos educativos, museos, polideportivos, clubes, etcétera. A esos efectos, cada una de esas estaciones debe disponer de “un mínimo de bicicletas para poner a disposición de los usuarios, variable según la demanda de la estación”.

El sistema contará también con centros de información y atención, señalización “distintiva y de fácil identificación” y vehículos para el traslado de las bicicletas, ya sea para su reparación o para reubicarlas de acuerdo con la demanda existente en las distintas estaciones de distribución y estacionamiento.

Además, “los componentes del Sistema de Transporte Público en Bicicleta podrán poseer publicidad y/o sponsoreo”.

Por otra parte, el artículo 5° de la ley establece que “el uso del Sistema de Transporte Público en Bicicleta en las condiciones establecidas por la normativa correspondiente, será gratuito para sus usuarios durante el plazo de la concesión”.

En cuanto a las obligaciones de los concesionarios, la norma fija,  entre otras, la incorporación de nuevas tecnologías al sistema, la contratación del personal técnico que se encuentre prestando servicios exclusivamente para el sistema de transporte público en bicicleta al momento de iniciarse la concesión, la implementación de un sistema de control, la realización de una auditoría trimestral, la presentación de un informe semestral detallado y un régimen de sanciones y penalidades.

Por otra parte, las estaciones, bicicletas, cartelería publicitaria y todo otro objeto relacionado con la prestación del sistema  serán de propiedad del concesionario, quien tendrá la obligación de que todos los componentes sean nuevos.

Además, los espacios publicitarios de la totalidad del sistema no podrán superar los quinientos cincuenta (550).  

Según informó la Legislatura, la norma también dispone que las nuevas y futuras estaciones deberán repartirse equitativamente en todas las Comunas y determina específicamente “un mínimo del 10 por ciento de las estaciones en la zona Sur de la Ciudad”. Esta disposición no figuraba en el proyecto original.

Tampoco lo estaba la cláusula transitoria en virtud de la cual las bicicletas que actualmente están en uso y quedarán desafectadas del servicio cuando empiece a operar el concesionario podrán ser distribuidas a escuelas secundarias de la Ciudad para el uso por parte de los alumnos. Se trata de unas  2.500 unidades, por lo menos.

En otro orden de cosas, el artículo 8° permite otorgar prórrogas de sus contratos por hasta un máximo de 7 años a las empresas concesionarias del mobiliario público destinado a explotación publicitaria que resultaren afectadas por los desequilibrios económicos y financieros que pudiera provocar el nuevo sistema.

Esta situación estaba contemplada en los fundamentos del proyecto: según uno de ellos, “es necesario mencionar que las actuales adjudicatarias” de la licitación “por la que se contrató el diseño, la fabricación, la instalación, el mantenimiento y la conservación de los elementos del mobiliario urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emplazar en la vía pública, se encuentran reclamando por desequilibrios en sus ecuaciones económico-financieras, fundados en causas tanto de índole macroeconómicas como por la reducción de espacios considerados en la licitación original, como consecuencia de la eliminación de refugios de colectivos y elementos portantes de publicidad, a partir de la implementación del Sistema de Transporte Masivo de Buses Rápidos”.

El siguiente fundamento expresa que “la incorporación del sponsoreo y publicidad como medio de financiamiento para el Sistema de Transporte Público de Bicicletas, que se propicia en la presente Ley, si bien no significa una ampliación del conjunto de elementos objeto de la Licitación mencionada ut supra, podría generar eventualmente algún impacto en la actividad vinculada con ella, por la incorporación de nuevos espacios pasibles de publicidad”.

Por otro lado, en uno de los primeros fundamentos se destaca que “la publicidad y el sponsoreo que se prevén incorporar en la presente Ley constituyen una red integral e indivisible dentro de lo que es el Sistema de Transporte Público en Bicicleta, con el objeto de brindar información a los usuarios para que la utilización del sistema sea cada vez más fácil y seguro y en financiar su operatoria para brindar un sistema equiparable a las ciudades más desarrolladas a nivel mundial”.

Finalmente, la iniciativa resultó aprobada por 49 votos a favor reunidos por los bloques Vamos Juntos, Unidad Ciudadana, Suma+ y Socialista; 5 votos en contra sumados por los tres bloques de izquierda, y 3 abstenciones del Bloque Peronista.