Los medios vecinales acuden a la Justicia

Cincuenta y ocho medios vecinales, entre los que se encuentran este sitio web y nuestro periódico en papel Tras Cartón, presentamos un amparo colectivo contra el Gobierno porteño con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presidente es el abogado Jonatan Baldiviezo.

La acción judicial es una respuesta a la Resolución Nº 813/2018 que, desconociendo el espíritu de la Ley 2.587 que regula la contraprestación publicitaria, establece una nueva modalidad en el modo de calcular el valor de la pauta que el Ejecutivo les asigna los medios vecinales, recortándola en un 17%.

La causa quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11, Expediente N° A1899-2018/0, a cargo de la jueza Paola Cabezas Cescato.

Paradójicamente, la ejecución de la referida Resolución, a cargo del subsecretario de Comunicación Social Máximo Merchensky, se produjo poco antes de cumplirse dos meses de que la Legislatura porteña sancionara la ley Nº 5.919, que establece al 6 de diciembre como el Día de los Medios Vecinales, con la finalidad de “fomentar y promover sus actividades de comunicación y divulgación de información, así como su rol social, cultural y político", en claro reconocimiento del valor de nuestro trabajo periodístico.

Los puntos salientes de la demanda, de acuerdo al comunicado elaborado por los amparistas en conjunto con la entidad patrocinante, sostienen que la Resolución N° 813/2018:

1) Viola la Ley N° 2.587 que regula la contraprestación publicitaria de los medios vecinales de comunicación social, así como su Decreto Reglamentario N° 333/2009.

2) Lesiona los derechos culturales reconocidos en el art. N° 32 de la Constitución de la Ciudad y en la Ley N° 2.176. La protección de los medios vecinales y su sustentabilidad económica garantizada por la Ley N° 2.587 tiene por objeto proteger también otros derechos culturales de los habitantes de la ciudad, como el derecho a la democracia cultural, el derecho de acceso a la diversidad y pluralidad de opiniones, el derecho a la protección y difusión de la identidad pluralista y la historia de la ciudad, el derecho a la superación de las barreras comunicacionales, el derecho a la libertad de prensa y expresión en su faz colectiva, etc.

3) Destruye derechos que los legisladores de la ciudad quisieron preservar: otorgar certidumbre a los medios vecinales, eliminar la discrecionalidad por parte del Gobierno de la Ciudad y garantizar la actualización permanente de los montos de publicidad de acuerdo con las fluctuaciones del mercado.

 4) Constituye una violación flagrante del principio de no regresividad en materia de derechos humanos al modificar el sistema tarifario de pautas institucionales para los medios vecinales reduciendo los montos percibidos y afectando la permanencia de la labor de cada uno de ellos y su sustentabilidad. Esto es un retroceso de los derechos adquiridos por los medios vecinales hace más de 10 años.