“Una medida intempestiva e inconsulta”

El Gobierno de la Ciudad efectuó ayer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objeto de revertir los efectos del decreto N° 735 del Poder Ejecutivo Nacional, que redujo de 3,5% a 2,32% el porcentaje de coparticipación que le correspondía a la Ciudad.

Así lo confirmó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, al término de la conferencia de prensa en la que anunció las nuevas medidas que se aplicarán en la próxima etapa de la cuarentena.

“La semana pasada, cuando hablé del tema, fui muy claro y quiero ser coherente con eso; respecto de la decisión del Gobierno nacional en cuanto a la coparticipación, ya lo dije, es inconstitucional, es una medida intempestiva e inconsulta y yo dije la semana pasada que íbamos a presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo hicimos: esta mañana [por la de ayer] presentamos la demanda”, anotició.  

“Respecto de la baja en la coparticipación”, prosiguió, “que ya empezó a producirse y empezaron a restringirnos los fondos que nos corresponden, uno de los considerandos de nuestra presentación ante la Corte es, justamente, que una medida como esa no se puede tomar en forma inconsulta, y mucho menos de un día para el otro, y mucho menos en el marco de una pandemia”.

Y destacó: “Imagínense que estamos hablando de cómo cuidar a la gente, cómo garantizar toda la atención necesaria, y por otro lado tenemos un recorte de los fondos: uno de los cuestionamientos es ese, esperemos que la Corte lo trate lo antes posible”.

Presentó la demanda la titular de la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales del Gobierno de la Ciudad, María Cristina Cuello, con el patrocinio del procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

En su extenso escrito (consta de 97 páginas) promueve acción de amparo contra el Estado Nacional, con el objeto de que “se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad” a “percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el Consenso Fiscal”, se declare “la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 735 del Poder Ejecutivo Nacional, por ser ilegal y arbitrario en modo manifiesto”, se recomponga “la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad” conforme el porcentaje de coparticipación del 3,50%, y “se ordene la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos”. Además, como medida cautelar, solicita que “se ordene la inmediata suspensión” de los efectos del Decreto 735, “así como de todos los actos administrativos que se hubieren dictado o se dicten en consecuencia”.

En la demanda se sostiene que “nos encontramos, en definitiva, frente a un accionar de una autoridad pública que, en forma actual, lesiona y restringe con ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional”.

Se puntualiza posteriormente que “las sumas que han comenzado a dejarse de percibir desde el pasado 10 de septiembre por la decisión unilateral e intempestiva del Poder Ejecutivo Nacional ya están incorporadas como recursos corrientes en el presupuesto de gastos para el presente ejercicio 2020 que se encuentra en plena ejecución”.

Seguidamente, se pone de manifiesto que “esta ostensible disminución de ingresos, que solo durante los primeros cinco días hábiles de vigencia del decreto significó una detracción de la suma de $862.140.379, afecta los cometidos constitucionales básicos y la gestión y funcionamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también la esfera prestacional de derechos fundamentales, máxime en la actual situación de emergencia pública en materia sanitaria”.  

Se advierte en ese sentido que, “de validarse la reducción unilateralmente impuesta al porcentaje de coparticipación de la CABA, el daño será irreversible y provocará graves consecuencias de índole económica y social”.

Con relación al cuestionado decreto, se afirma en la demanda que “afecta los derechos de la Ciudad de Buenos Aires, ya que no solo es intempestivo, sino que lo resuelto es absolutamente arbitrario”, que “parte de una premisa errónea y parcial de las pautas constitucionales para la distribución de los recursos” y que “falazmente sostiene que el aumento otorgado a la CABA obedeció a una lógica diametralmente opuesta a los criterios objetivos de reparto y principios constitucionales”, pero “omite considerar que para el criterio objetivo de reparto es imprescindible tomar en cuenta el aporte que la Ciudad hace a la masa coparticipable”.

Se remarca, además, que “carece de sustento fáctico y ello queda reflejado en sus considerandos, donde se parte de afirmaciones dogmáticas, supuesto claro de arbitrariedad e irrazonabilidad manifiesta”.

En otro orden, se señala que “el impacto de menor recaudación por el contexto de caída de actividad económica asociada a la pandemia más Coparticipación del Decreto N° 735-PEN-20 implican una baja de recursos para el año 2020 de $ 90.554.378.476, equivalentes a dos meses y medio de recaudación y a cinco meses de salario de la totalidad del personal del GCBA”, agregando que “asimismo, la aplicación del Decreto 735-PEN-20 genera un déficit diario promedio de $ 177.638.040”.