“La invitación al acuerdo es un simulacro”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rehusó la invitación del Ejecutivo nacional a una reunión para tratar los recursos destinados al financiamiento de la policía local en el marco de la Ley N° 27.606, que redujo el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad.

El rechazo a la convocatoria, que había sido formulada por los respectivos ministros del Interior y de Economía de la Nación, Eduardo de Pedro y Martín Guzmán, se basó fundamentalmente en que el Gobierno de la Ciudad considera que la referida norma es inconstitucional y lesiva de las instituciones democráticas, y como tal ha sido demandada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como se sabe, en septiembre último el decreto presidencial N° 735/2020 le quitó 1,18 puntos de coparticipación a la Ciudad para transferirlo a la provincia de Buenos Aires y dos meses después el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.606, que le sumó un nuevo recorte y redujo el porcentaje de coparticipación a solo el 1,4%. Por su parte, el gobierno de Rodríguez Larreta replicó presentando sendas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte, que aún no se ha expedido.  

La carta

El rechazó a la convocatoria del Gobierno nacional se manifestó a través de una carta firmada por el titular de la Secretaría General y Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, fechada el sábado último y dirigida a los nombrados ministros de la Nación.

Con un estilo más admonitorio que sobrio, sin abandonar empero las reglas de urbanidad, el texto expone conceptos de dureza inusitada para las habituales comunicaciones del gobierno de Rodríguez Larreta.

Así, después de la tradicional fórmula de inicio protocolar (“de mi mayor consideración”), la misiva expresa: “Nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley [27.206] ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma”.

En ese sentido, sostiene que “los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover” y, además, “viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.

A continuación, sin ambages ni eufemismos, enumera: “Se trata de una Ley que consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad”.

En el siguiente párrafo se menciona la pretensión de “ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía y los derechos de todos los argentinos que viven, visitan, trabajan, o estudian en la Ciudad de Buenos Aires”, mientras que en el posterior se deduce que la invitación al acuerdo “es un simulacro que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede ni debe convalidar”. En cuanto a las cifras, se señala que “la Ley parte de una premisa errónea que distorsiona cualquier cálculo”, y se exponen distintos argumentos en apoyo de esta afirmación.

“Por todo lo expuesto”, se resume en el párrafo previo al final, “nos vemos obligados a no convalidar con nuestra presencia la ejecución de una ley que, como hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día en que fue publicada, es inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país”.

El documento concluye con una expresión de deseos crítica y punzante: “Esperamos encontrar una alternativa a través de un diálogo abierto, sincero y de buena fe, como el que hemos promovido desde el primer día para resolver cualquier diferencia. Y siempre en un marco de legalidad, transparencia e institucionalidad que, según nuestras convicciones, son valores fundamentales”.

Después de las asperezas puestas de manifiesto en el texto, se recurre para la despedida a la fórmula de cortesía más usada: “Sin otro particular saluda atte”.