Proyecto contra torres, a Planeamiento Urbano

En su sesión de ayer, la Legislatura de la Ciudad Autónoma votó el giro en primer término a la Comisión de Planeamiento Urbano del Expediente 362-P-2019, correspondiente al proyecto elaborado y presentado por un grupo de vecinos como alternativa al impulsado por el Ejecutivo local y ya aprobado en primera lectura, que habilita la edificación en altura en los terrenos privados que bordean el Parque La Isla de La Paternal.

Se modificó así lo dispuesto en un principio por la Secretaría Parlamentaria, que había girado el expediente a las comisiones de Ambiente, de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, en ese orden.

El cambio de giro cumple con las expectativas expresadas por los vecinos en la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano el martes último, en la que el proyecto del Ejecutivo, con las firmas de los miembros oficialistas, obtuvo dictamen. La reunión se realizó en el salón Montevideo y estuvo presidida por la titular de la Comisión, Victoria Roldán Méndez, secundada por los respectivos presidentes de las comisiones de Tránsito y Transporte y de Políticas de Promoción e Integración Social, Cristina García y Maximiliano Sahonero, todos ellos de Vamos Juntos.

Asistieron además los legisladores oficialistas Ariel Álvarez Palma, Maximiliano Ferraro, María Cecilia Ferrero, Agustín Forchieri, Daniel Presti y Gonzalo Straface, y los opositores Javier Andrade (UC), Roy Cortina (PS) y María Rosa Muiños (BP).

Como lo establece el Reglamento de la Legislatura, la primera media hora estuvo dedicada a las opiniones de “particulares o representantes de organizaciones no gubernamentales, que acrediten interés acerca de un asunto incluido en el Orden del Día”.

En la oportunidad expusieron principalmente vecinos agrupados en el colectivo No a las torres en La Isla de La Paternal, quienes concurrieron acompañados por la representante de La Cámpora en la Junta Comunal 15, Camila Rodríguez.

De los vecinos
En primer término habló Raúl Casaubon, quien se presentó como “natural de Paternal, vecino de La Isla y conocedor del Parque”, y comenzó por avisar que la agrupación vecinal a la que pertenece no desestima “la propiedad privada ni ningún proyecto inmobiliario de plano”.

Dijo después que el proyecto presentado por los vecinos “tiene un diseño inmobiliario mucho más amigable ambientalmente, que respeta las especies nativas que se instalaron y, lo que es más, respeta el trabajo que han hecho los ambientalistas en la Facultad de Agronomía”.

Finalizó exhortando a los legisladores a que “antes de votar lean y consideren” ese proyecto, y que a los vecinos les “den un espacio para negociar el tema de lo que el dueño, no vecino de Paternal, quiere hacer en el Parque”.

Por su parte, Andrea Diano empezó preguntando a los legisladores: “¿Ustedes leyeron el proyecto que nosotros presentamos la semana pasada? ¿Saben las diferencias que hay entre uno y otro proyecto? ¿Las conocen bien?”.

Destacó que los vecinos trataron “de marcar y de resaltar la inconveniencia” del proyecto presentado por el Ejecutivo “por la altura que tienen estas once torres de diecisiete pisos que bordean todo el perímetro del Parque de La Isla, dando sombra hasta seis cuadras a la redonda”, y que el de los vecinos “es un proyecto alternativo que hace que se respeten la altura y la vista del barrio”.  

En cuanto al “tema del perímetro”, expresó: “Lo que nosotros proponemos es que todo lo construible no esté rodeando el Parque de la Isla sino que se redistribuya sobre un lateral; obviamente, nos oponemos a la construcción sobre el Parque”. 

Después de señalar que “el Parque es el segundo pulmón verde de la ciudad de Buenos Aires”, consideró que la sanción definitiva del proyecto del Ejecutivo sería “una masacre ecológica” y, encarando a los legisladores, les endosó: “Va a quedar a consideración de ustedes votarlo o no”.

Seguidamente, María José Doiny se preguntó “dónde quedan, con este tipo de proyectos, el Plan Ciudad Buenos Aires Verde o el Plan de Acción de Lucha contra el Cambio Climático” y opinó: “Cuando todas las ciudades del mundo están tomando acciones para generar más espacios verdes, me parece una locura un proyecto que va a fragmentar un espacio verde, que a su vez forma parte de todo un rosario de espacios verdes. Es totalmente irracional que el interés de un privado esté por encima del bienestar público”.

A continuación Jonatan Baldiviezo, quien concurrió en representación del Observatorio del Derecho a la Ciudad, después de manifestar el “apoyo a los reclamos por la construcción de las torres en la Isla de Paternal”, señaló que “el Gobierno ha dicho que no puede modificar las alturas que ya estaban aprobadas previamente porque eso implicaría una violación a los derechos de los propietarios” y resaltó que “eso no es así”.

Explicó que “jurídicamente, los propietarios solamente tienen derecho a construir lo que les habilita el Código de Planeamiento, y ahora el Código Urbanístico, cuando tienen el permiso de obra aprobado; hasta que eso no ocurra, el Estado tiene todo el poder de modificar la capacidad constructiva de esos terrenos”.

Y advirtió: “Esa no es solamente una interpretación que realizamos nosotros, sino que el nuevo Código Civil establece que la modificación de las normas administrativas y urbanísticas no genera responsabilidad del Estado frente a los propietarios, así que no cabría la excusa de que existe una ley previa que reconoce derecho a los propietarios porque ese derecho únicamente puede ser empleado cuando se otorga permiso de obra”. 

A continuación, Javier Tenembaum confió que lo que lo “sigue preocupando es esta votación de un proyecto que, por lo que dice el título, es un convenio del Gobierno de la Ciudad con un privado, lo cual ya describe el sentido, simplemente un negocio inmobiliario”. E interpeló a los legisladores: “¿Qué hay del convenio natural que deberían tener ustedes con nosotros, los vecinos?”.

Después de otras consideraciones, los exhortó: “Por favor, no voten esto; sean responsables, háganse cargo del lugar para el cual han sido votados. No creo que el sentido de su actuación en la Legislatura sea hacerla la inmobiliaria de la Ciudad”. 

A juicio de Valentina Bari, que habló luego, “el tema central de este conflicto y de esta manera de llevar adelante las leyes está en la imposibilidad que los legisladores tienen de consultar a los vecinos y a todos los actores que hacen a determinada problemática”.

Dijo entender “las consideraciones ideológicas, los motivos de cada uno y los del privado”, pero observó que “ello no justifica para nada un modo de operar en el que se deciden cosas unilateralmente”. Y remarcó: “Nosotros creemos que sí se puede trabajar en conjunto, que sí se puede conversar, que se puede trabajar desde un lugar de consenso”.

Con relación al proyecto de los vecinos, aseguró que “lo que intenta es articular las posibilidades de cada uno, acercar partes y no patear el tablero”. Así, concedió: “A ninguno de nosotros le gusta que se construya ni aun en los terrenos privados, nos gustaría que esos terrenos privados formaran parte del parque, pero sabemos que tenemos que respetar una serie de cosas que de parte de la Legislatura no se están respetando”.

Cerrando esa parte de la reunión habló Camila Rodríguez, quien indicó que “en cualquier mapa de la ciudad el único manchón verde que se ve es este pulmón del que hablan los vecinos, que está constituido por los terrenos de Agronomía, Chacarita y Paternal”.

Consideró que “el parque La Isla es el corazón de este gran pulmón verde” y espetó a los legisladores: “Ahí es donde ustedes van a permitir que se construyan once torres de casi veinte pisos; por supuesto, lo van a detonar”.

Relató que “este conjunto verde” tiene “características muy particulares, porque cuenta con los terrenos de las facultades de Agronomía y Veterinaria, que han hecho muchos proyectos de restauración ambiental, y eso incrementó la calidad de la biodiversidad que se registra en esa zona”, y remarcó que “ese espacio verde fue pensado en la época de [el presidente Julio Argentino] Roca para la ciudad de Buenos Aires”, y que “es el pulmón que van a destruir”. 

De los legisladores
A las intervenciones de los vecinos sucedieron las de los legisladores. La primera corrió por cuenta de Roy Cortina (PS), quien explicó la posición de su bloque en oportunidad del tratamiento en primera lectura del proyecto del Ejecutivo. “Lo votamos en contra; obviamente, la audiencia pública ratificó las razones”, comentó.

Reconoció que “quizás en esa sesión el tema pasó, no totalmente, pero un tanto desapercibido porque había también muchos temas importantes” y consideró que “lo recomendable sería archivar este proyecto y volver o insistir con la conformación de una mesa de trabajo y escuchar lo que están diciendo los vecinos”.

Contó después que “los diputados Andrade y [Sergio] Abrevaya fueron los primeros que levantaron el Expediente 362 de Particulares, que es el proyecto alternativo”, y añadió: “Luego lo levanté yo, somos tres los diputados que lo hemos levantado”.

Al respecto, subrayó “la prudencia y la seriedad con la que está hecho ese proyecto”, que “tiene claramente el espíritu de acercar posiciones”, y aseveró: “Yo entiendo que los diputados oficialistas defiendan a su gobierno, pero me parece que es un proyecto muy malo para la ciudad”.

A su vez, María Rosa Muiños (BP) manifestó que el proyecto del Ejecutivo “contradice absolutamente el nuevo Código Urbanístico” y advirtió: “De alguna forma, el Gobierno nos está pidiendo [a los legisladores] que hagamos una excepción al Código Urbanístico que se votó el año pasado; me parece totalmente irregular”.

Por otra parte, remarcó: “Creo que en esta Comisión debería haberse tratado en conjunto el proyecto de los vecinos, que no es un proyecto alternativo, es otro proyecto que versa sobre lo mismo, y se mandó a Medio Ambiente no entiendo por qué; debería estar en esta Comisión y el tratamiento debería ser conjunto, porque así lo indica el funcionamiento de la casa”.

Acto seguido, Javier Andrade (UC) opinó: “Con respecto al convenio que se plantea aprobar, lo único que hace es mejorar las condiciones del emprendimiento inmobiliario, no hay ninguna mejora que tenga que ver con la calidad de vida ni del barrio ni de la comuna”. 

“Para ser brutalmente claro”, explicó después, “acá están proyectadas torres sobre una calle y sobre la otra calle de enfrente, y lo que están planteando los vecinos es que se construya todo en un mismo lugar para no encerrar el parque y, obviamente, planteando bajar un poco la altura, ni siquiera están diciendo que no se realice el emprendimiento inmobiliario, simplemente que sea un emprendimiento que todavía habilite la posibilidad de un espacio verde amplio y no cercenado ni visualmente ni como una barrera física por torres”. 

Finalizó anunciando que presentaría un despacho de vuelta a comisión “planteando la posibilidad de poner en debate los dos proyectos”. 

Por último, Roldán Méndez hizo “respecto a Warnes, algunas consideraciones”. Así, dijo: “Por ahí hacían referencia a la norma como si estuviésemos creando una U distinta; la U que estamos modificando es la misma U que estaba en el Código de Planeamiento Urbano, que es un acuerdo que se firmó con el privado en el cual lo único que se le cambia son los usos que se plantean; no se le cambia la capacidad constructiva, no se le da más altura, es la misma norma que tenía el Código de Planeamiento Urbano previo a este proyecto de modificación, que entendemos que en función del nuevo Código Urbanístico, justamente, no va en contra sino que promueve la mixtura de usos y la integración con el entorno urbano”.

“Respecto al proyecto de los vecinos”, informó: “Tuvo giro a Ambiente, no tuvo giro a Planeamiento, con lo cual es un proyecto que va a continuar más allá de lo que despachemos hoy”.

Estas palabras provocaron la airada reacción de los vecinos y vecinas, sobre todo de algunas de estas, que expresaron su desaprobación a los gritos.

“Es un proyecto que lo giraron a Ambiente, yo no lo tengo en la Comisión de Planeamiento Urbano, no lo puedo asentar al expediente”, se defendió la legisladora, suscitando más gritos de la concurrencia. 

Intervino entonces Andrade, quien aclaró que “lo que el convenio establece son nuevas normas para los usos y para la construcción del basamento”. 

Por su parte, Roldán Méndez sostuvo que “no es que sea un espacio público que lo estamos convirtiendo en una urbanización, es un espacio de dominio privado que hoy se usa como espacio público, pero que no quiere decir que la titularidad de ese dominio no sea del privado”.

Entre nuevos gritos y expresiones de desaprobación, la presidenta de la Comisión prosiguió: “Esos terrenos donde se van a construir las torres no son de la ciudad de Buenos Aires; la propiedad de esos dominios es del privado que firma el convenio, eso es así”.