Traspaso de Edenor y Edesur

El Gobierno de la Nación concretó el traspaso de la jurisdicción de Edenor y Edesur a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires, ad referendum de la aprobación por parte de la Legislatura porteña y de la publicación de un decreto del Ejecutivo bonaerense.

Así lo informó la agencia gubernamental de noticias Télam, que citó un comunicado del Ministerio de Hacienda de la Nación en el que se anuncia que el Gobierno nacional llegó a un acuerdo con las distribuidoras de electricidad para saldar las deudas cruzadas entre estas y el Estado.

Se informó también que se trata de deudas acumuladas mayoritariamente entre los años 2006 y 2015 por el Estado nacional al que, sin embargo, el acuerdo no le ocasionará costos puesto que compensará esas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta 2015 en concepto de incrementos tarifarios a cuenta. Más allá de reconocimientos de deudas y multas pendientes entre las partes, Edesur deberá pagar 3.858 millones de pesos al Estado nacional.

Además, en el plazo de cinco años las distribuidoras deberán realizar inversiones en obras de infraestructura para la mejora  de la seguridad y confiabilidad del servicio por valor de 4.000 millones de pesos en el caso de Edenor y por 3.000 millones en el caso de Edesur.

En otro orden de cosas, se anunció la creación, por parte de la Ciudad y la Provincia, de un nuevo organismo de control que se denominará Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) y que designará a sus autoridades cuando el traspaso esté refrendado en ambas jurisdicciones.

Asimismo, se confirmó que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) continuará con sus funciones de control del transporte de energía eléctrica y de agentes del mercado y que cederá al nuevo ente el personal dedicado al seguimiento de la distribución.  

La creación del EMSE ya estaba contemplada en el acta acuerdo de transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmada en Olivos el 28 de febrero último, y en cuyo cumplimiento se concretó el traspaso.    

Suscribieron el documento el actual ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal.

En la primera cláusula, las partes se comprometen a darle la mayor celeridad a los trámites administrativos tendientes a realizar el traspaso de Edenor y Edesur a la jurisdicción de la Provincia y de la Ciudad, por medio del cual estas últimas pasarán a ejercer el poder de policía sobre el servicio público que prestan las concesionarias.

En virtud de la segunda cláusula, la Provincia y la Ciudad “se comprometen a constituir un ente bipartito de control y regulación del servicio público de distribución eléctrica y a realizar todas las acciones necesarias” para que “se ponga en funcionamiento con la mayor celeridad”.

En cuanto a la tarifa social, la cuarta cláusula establece que “a partir del 1° de enero de 2019, la Provincia y la Ciudad afrontan con recursos propios las erogaciones asociadas” con esa tarifa, de modo que en este ítem el acuerdo tiene carácter retroactivo.

Con respecto a las cuestiones pendientes, la quinta cláusula expresa que “el Estado nacional se compromete a realizar las gestiones y los procedimientos administrativos necesarios para terminar de dar solución a los reclamos pendientes con las concesionarias”.

Finalmente, la octava cláusula dispone que “el ENRE y las concesionarias, con la participación del organismo de control que se cree en la órbita de la Provincia y de la Ciudad, llevarán a cabo una auditoría de corte de la situación económico-financiera de las concesionarias y de la situación operativa y técnica del servicio público a su cargo”.

Por su parte, la Ciudad Autónoma puntualiza que “celebra este acuerdo ad referendum de la ratificación de su Legislatura y asume el compromiso de enviar inmediatamente” el acuerdo a ese cuerpo colegiado “y de realizar todas las acciones que resulten necesarias para obtener esa ratificación en el menor plazo posible”.