Ordenan la suspensión de la poda de árboles

Un fallo judicial ordena al Gobierno de la Ciudad a que la ejecución de sus planes de poda se ajuste a lo que dictamina la ley de arbolado urbano.

Se trata de una medida cautelar impuesta por el juez Guillermo Martín Scheibler, titular del Juzgado Nº 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, y surge como respuesta a una acción de amparo presentada por Claudia Heras, vecina de Villa Urquiza y abogada.

La ley de arbolado urbano establece en su artículo 10 que “los ejemplares afectados a la [poda] sean sometidos a los tratamientos y procedimientos adecuados compatibles con la resolución del inconveniente”, y se refiere también a su “salud e integridad”.

Entre los argumentos esgrimidos en su escrito, Heras señala que “en los últimos cinco años el GCABA está destruyendo nuestros árboles de alineación, de plazas, estaciones de ferrocarril y bulevares por mutilación, mochado, terciado y talado. No se salvan ni el bello jacarandá, ni el añoso aguaribay, ni el magnífico ombú, ni siquiera los árboles históricos”.

El texto del amparo vincula este maltrato con el hecho de que la tarea, a través de un sistema de tercerización, ha recaído en empresas que “no tienen como objeto social la realización de trabajos vinculados con la poda, tala, plantación o cuidado de árboles. Por el contrario, se trata de empresas constructoras, de electricidad, de limpieza o de transporte, cuya actividad ninguna relación guarda con las tareas encomendadas en virtud de estos contratos y, por lo tanto, no cuentan con personal capacitado como lo exige la ley”.

En cuanto al resultado del modus operandi de estas empresas, sostiene que “nuestros árboles están sometidos a una poda, que es una tala”, y que “la poda de ramas realizada en la mayoría de los casos pareciera alcanzar el 70% del volumen de la copa, dejando solamente la parte superior de la misma, y reduciendo de modo extremo el follaje para la fotosíntesis necesaria”, y agrega que el árbol “queda descompensado al extraerle ese follaje a lo largo del tronco, dejando solo un mínimo en su parte alta de la copa, donde queda desequilibrado mecánicamente".

En su presentación ante la Justicia, Heras sumó a la testigo María Angélica Di Giacomo, quien administra “Basta de mutilar nuestros árboles”, una página de Facebook que investiga e informa sobre los maltratos que sufre el arbolado. Con posterioridad a la presentación, la ONG Basta de Demoler también se hizo eco de esta iniciativa y brindó su apoyo.

Cabe destacar que la ley de arbolado urbano, sancionada en 2009, aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, y por lo tanto no hay precisión acerca de cómo debe ser aplicada.

Valga la salvedad de que ante situaciones excepcionales que requieran una inmediata intervención, como el de un árbol con riesgo de caída, el fallo habilita al gobierno a actuar, siempre y cuando ponga con antelación en conocimiento al juez.