Más rigor con agresores de docentes y médicos

La Legislatura porteña sancionó una ley que endurece las penas que establece el Código Contravencional de la Ciudad para quienes cometen agresiones cuando estas estén dirigidas a trabajadores de la educación y de la salud en su lugar de trabajo (o fuera de él, siempre que la conducta violenta haya sido motivada por hechos relacionados con su tarea, función o cargo).

Por la nueva norma se introduce una modificación en el referido código. Concretamente, se trata de un agregado en su artículo 53, que fija una duplicación del castigo para determinadas circunstancias que son consideradas como agravante en el caso de un hostigamiento verbal o físico. Por lo tanto, ahora, a las circunstancias ya establecidas, se sumará también la de ejercer ese hostigamiento contra quienes trabajan en escuelas y hospitales.

La duplicación de la pena puede implicar que se le imponga al agresor como sanción entre 2 y 10 días de trabajo comunitario, una multa de $400 a $2.000 pesos o entre 2 y 10 días de arresto.

El diputado Clodomiro Risau (Pro), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con cuyo despacho la iniciativa llegó al recinto para ser aprobada por amplia mayoría, expresó: “Con esta ley queremos valorar la función de los trabajadores de la salud y la educación. La punición tiene que ser el último recurso, primero están la educación y la prevención; pero hay casos en los que se llega a la violencia, por lo que esos hechos deben recibir una pena”.

Las primeras repercusiones surgidas del ámbito gremial docente fueron ostensiblemente críticas. Jorge Adaro, secretario general de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), expresó que “esta ley no resuelve el problema en lo concreto, porque la experiencia indica que en el momento de denunciar los hechos de violencia, después se suceden una serie de amenazas, y los docentes plantean la desprotección que hay al tener que entrar y salir de la escuela”. Y agregó: “Nos parece paradójico y controvertido que los bloques políticos que impulsan la sanción de este tipo de leyes son los que después públicamente denuestan a los docentes y generan un clima en la opinión pública contrario a los docentes”.

Más amigable, aunque no sin dejar de relativizar el alcance de la medida, fue la declaración de Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales (AMM): “Esta ley es un elemento más y muy importante, pero nada va a ser determinante porque la sociedad está violenta”, advirtió.