El traspaso de las eléctricas ya es ley

La Legislatura de la Ciudad Autónoma, en su última sesión, aprobó el acuerdo entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño en virtud del cual el primero transfiere a los otros dos la jurisdicción y control del servicio de energía eléctrica actualmente concesionado a las distribuidoras Edenor y Edesur.

Como informamos oportunamente, el Gobierno de la Ciudad  suscribió el convenio manifestando que lo celebraba “ad referendum de la aprobación de su Legislatura” y asumía “el compromiso de enviar inmediatamente” el acuerdo a ese cuerpo colegiado “y de realizar todas las acciones que resulten necesarias para obtener esa ratificación en el menor plazo posible”.

La consabida ratificación se concretó mediante una resolución que en su artículo primero aprueba el “acuerdo de transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el 28 de febrero de 2019 entre el Estado Nacional -Ministerio de Hacienda y la Secretaria de Energía-, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Asimismo, se sancionó una ley que asigna al Ministerio de Hacienda y Finanzas la responsabilidad de las políticas y el control en materia de energía eléctrica.

Ambas iniciativas formaban parte de un proyecto enviado por el Ejecutivo local, que obtuvo despachos de mayoría de las comisiones de Relaciones Interjurisdiccionales y de Asuntos Constitucionales, en tanto que un despacho de minoría presentado por Unidad Ciudadana proponía el rechazo del acuerdo.

En el recinto, abrió el debate el oficialista Claudio Romero, en su carácter de vicepresidente de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales y miembro informante, quien consideró que la ratificación del acuerdo es “un paso más hacia la plena autonomía de la Ciudad”.

“Celebramos que se dé un paso más en la autonomía de la Ciudad, pero no estamos de acuerdo en la forma y el modo en que se está llevando a cabo esta transferencia”, replicó Santiago Roberto (BP), quien dijo también que ”el proyecto del Gobierno porteño convalidó, tácitamente, una condonación de deuda millonaria a las empresas en perjuicio del Estado y de los usuarios, sin representar una mejora del servicio”.

En opinión de Myriam Bregman (PTS), que habló después, “el Fondo Monetario Internacional exigió que el Gobierno nacional deje de pagar los subsidios y el gasto que para ellos significaba el mantenimiento de estas empresas, entonces por eso decidieron pasárselo a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires”.

A su vez, Juan Nosiglia (EV) afirmó que la aprobación del acuerdo “es un paso adelante para regular y controlar la calidad del servicio, y parte del proceso de completar nuestra autonomía”.

Hablaron también Paula Penacca (UC); Gabriel Solano (FIT); Fernando Vilardo (AyL); Sergio Abrevaya (Gen); Marcelo Depierro (MC); Laura Marrone (IS) y Hernán Arce (PS).

El cierre estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diego Marías (VJ), quien expresó que “votar esto constituye un hito más, un hito muy importante, basal, en el proceso de trasferencia progresiva que tiene que ver justamente con el traspaso de los servicios de la Nación a la Ciudad” y que “por un lado es profundizar el sentido de la autonomía plena que la ciudad les debe a sus vecinos y, por otro lado, intentar un nuevo camino para ver si de una vez por todas y luego de más de 20 años de concesión podemos tener un mejor servicio para nuestros usuarios”.  

Finalmente, la iniciativa resultó aprobada por 41 votos a favor de los bloques de Vamos Juntos, Evolución, el Partido Socialista y Gen y 17 en contra de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y los cinco legisladores de izquierda.

La resolución y la ley

En su artículo primero, la resolución votada dispone la aprobación del “Acuerdo de Transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el 28 de febrero de 2019”.

En cuanto a los artículos segundo y tercero, establecen que se aprueben, respectivamente, el “Acuerdo de Implementación de la Transferencia" y el “Acuerdo para el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público metropolitano de distribución de energía eléctrica”, por el cual se crea el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).

Por lo que hace a la ley, dispone en primer término la adhesión “al régimen establecido por las Leyes Nacionales números 15.336 y 24.065, los Decretos N° 714-PEN/92 y N° 1.398-PEN/92, sus normas modificatorias y complementarias en todo cuanto resulte aplicable a la regulación y control del servicio de distribución de energía eléctrica prestada en su jurisdicción por las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR)”.

Además, la nueva norma introduce modificaciones en la Ley N° 5.460, de Ministerios, para incluir, entre otras, las siguientes atribuciones y responsabilidades del Ministerio de Hacienda y Finanzas: “Entender en la elaboración y ejecución de la política energética local, su régimen tarifado, investigación y desarrollo tecnológico; actuar como autoridad de aplicación en materia energética”, y “participar en las negociaciones y modificaciones de los contratos de concesión en materia, distribución y comercialización de energía eléctrica”.