Quieren dotar de pistolas Taser a la policía

“Dolor extremo al impacto. La descarga eléctrica aplicada causa efectos neuromusculares casi inmediatos e incapacitación, por lo que la persona se desploma sin control. Las lesiones secundarias que sufre la persona al desplomarse o caer pueden ser graves y poner en peligro la vida. Causa distintos grados de dolor e incapacitación y, a veces, la muerte. Los efectos varían según la potencia del dispositivo, el estado físico y de salud de la persona (por ejemplo, si se trata de un niño o de alguien con una dolencia cardíaca) y los factores medioambientes (como la humedad)”.

Estos son los efectos físicos y médicos de los dispositivos de proyectiles de electrochoque, más conocidos como pistolas Taser, según un estudio realizado por Amnesty International y publicado en Londres en 2015.

Sin embargo, el Ejecutivo porteño estudia la posibilidad de dotar de estas armas a la Policía de la Ciudad. Así lo anunciaron el jefe y vicejefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, respectivamente.

El primero lo hizo durante el acto en el que presentó a Paola Garbalena, la primera mujer chofer que se suma al equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). En declaraciones que, curiosamente, no registra la página web del Gobierno de la Ciudad pero sí recoge la agencia Télam, Rodríguez Larreta adelantó cuál sería el ámbito de aplicación de esas armas. “Siguiendo el lineamiento del Gobierno nacional, la mejor utilización es en lugares cerrados y el ámbito cerrado más grande y en el que más gente circula es el subte”, dijo.

Y prosiguió: “Estamos conversándolo con el Gobierno nacional y estamos totalmente coordinados, así que si ellos promueven hacerlo en las estaciones de trenes, nosotros estamos estudiándolo para el subte”.

Por su parte, Santilli, actualmente a cargo también del Ministerio de Seguridad, confirmó el anuncio de Rodríguez Larreta y precisó, en declaraciones a distintos medios, que la utilización de estas armas por parte de la Policía de la Ciudad se pondrá en práctica en marzo próximo en el subterráneo y formará parte de un sistema que incluirá la implementación de nuevas cámaras de reconocimiento facial de pasajeros.  

A juicio de Felipe Miguel, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, “es un tipo de arma que puede resultar muy útil, sobre todo en determinados contextos de mucha gente en zonas de espacios cerrados, donde claramente otro tipo de armamento no es recomendable”, y “para determinadas situaciones puede resultar muy interesante su aplicación”.

Lo dijo en declaraciones radiales, en las que mencionó un fallo judicial “en el cual se ha expedido respecto de la legitimidad de este tipo de armas”.

Lo cierto es que, en su fallo del 2 de marzo de 2017, la Corte Suprema desestimó por prematuro un recurso contra la compra de las armas Taser. Se trataba de un amparo que, en su carácter de miembro del Observatorio de los Derechos Humanos y de habitante de la ciudad, había presentado Carlos Pisani contra el Gobierno porteño, con el objeto de que se impidiera la utilización de las armas “no letales” Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local por considerarlas elementos de tortura.

El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma rechazó la demanda por considerar que se fundaba “en meras especulaciones y pronósticos futuros respecto de la posible afectación a derechos constitucionales, que no alcanzan, por lo conjetural, para configurar un caso, causa o controversia que justifique la intervención del Poder Judicial de Ciudad” y “omiten exponer fundamentos concretos que demuestren la ilegalidad del uso de las armas Taser por parte de los agentes de prevención”.  

Así, frente a los términos de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de que no se estaba frente a un agravio actual del demandante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se inclinó por no tomar intervención.

En consecuencia, el 31 de marzo de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la denuncia del Observatorio contra la República Argentina “por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en especial se viola el deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las armas tipo Taser X26”. Acompañaron la petición numerosos representantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales y gremiales, encabezados por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Miguel Ángel Estrella.

Ante los últimos anuncios, el Observatorio advirtió que “el Gobierno de la Ciudad insiste en el uso de las Taser, desconociendo que la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) está analizando la legalidad de su uso”, y reclamó nuevamente que “se prohíba el uso de armas eléctricas”.  

Este no fue el único pronunciamiento en contra del uso de estas armas, sino que, como es natural, fueron muchos y sin tardanza. Uno de los primeros corrió por cuenta de Amnistía Internacional Argentina, que emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, “destaca dos preocupaciones principales en materia de derechos humanos”, puntualizando que, “en primer lugar, se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas” y que, “en segundo lugar, las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona”.

En parecidos términos se expresaron dirigentes de distintos organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y otros.  

También emitió un comunicado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, más conocida como Metrodelegados, en el que critica el hecho de que “mientras se reduce permanentemente la presencia de efectivos policiales que con su presencia actúan preventivamente frente a la comisión de delitos, se pretenda solucionar el problema de la inseguridad con el uso de estos elementos de tortura”.

Además, y según hizo saber Télam, el secretario general del gremio, Roberto Pianelli, anunció una ronda de consultas con organismos de derechos humanos para coordinar una acción conjunta de rechazo.