Diputados de UNEN presentaron amparo

Los legisladores de la Ciudad Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Hernán Rossi, Inés Gorbea, Juan Nosiglia, Hernán Arce, Javier Gentilini y Virginia González Gass, todos ellos del interbloque UNEN, junto con su ex colega Rocío Sánchez Andía y la diputada nacional Alcira Argumedo, del mismo espacio político, presentaron una acción de amparo y pidieron una medida cautelar para frenar la cesión de todos los centros clandestinos de detención de la ciudad a la Nación porque se hizo, afirman, de forma manifiestamente ilegal, arbitraria e inconstitucional.

Como informamos oportunamente, en su sesión del 8 de mayo último la Legislatura de la Ciudad Autónoma, con los votos del PRO y de la mayor parte del interbloque kirchnerista, aprobó la cesión a la Nación de los predios donde funcionaron la ESMA y demás centros clandestinos de detención.

Como también informamos, el proyecto correspondiente, que había sido enviado a ese cuerpo colegiado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, proponía la ratificación del convenio suscripto en secreto el 22 de enero último por el jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Milton Capitanich, y la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, cuya primera cláusula establecía que el Gobierno porteño entregaba al Poder Ejecutivo Nacional el usufructo de los edificios donde funcionaron la ESMA y los centros clandestinos de detención Automotores Orletti, Club Atlético, Olímpico y Virrey Cevallos, ubicados todos ellos en territorio porteño.

En la presentación, los legisladores manifiestan que “según el propio texto constitucional local, la celebración de un convenio interjurisdiccional con el Estado nacional y/o alguna de las provincias que componen el territorio de la Nación constituye un acto complejo, pues requiere de la intervención de dos poderes del Estado local, el Ejecutivo y el Legislativo”.

En ese sentido, invocan la Constitución de la Ciudad, cuyo artículo 104 establece, en el inciso 3, que “es el Poder Ejecutivo quien posee la facultad de concluir y firmar los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales” y precisan que “dicha norma prevé in fine que ello procede en todos los casos con aprobación de la Legislatura”.

Invocando otros artículos de la Constitución local, sostienen además que se realizó “de forma manifiestamente ilegal y arbitraria el procedimiento legal y constitucional previsto para la celebración de convenios entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en lo concerniente a “la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad y toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad por más de cinco años”, y mencionan al respecto “la obligación bajo pena de nulidad de someter al procedimiento de doble lectura” las leyes correspondientes.

Los legisladores solicitaron “la habilitación de días y horas inhábiles para que se resuelva lo peticionado a la mayor brevedad posible, en virtud de las razones de urgencia invocadas”.