Sigue la saga del subte

Incorporando un nuevo capítulo a la polémica en torno del precio del boleto de subterráneo, la jueza Elena Liberatori citó al Gobierno de la Ciudad, al diputado Alejandro Bodart y a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).

El propósito de la audiencia, fijada para el 11 de este mes, a las 13, es que el Ejecutivo porteño haga “conocer los avances efectuados” en cumplimiento de la sentencia emitida por la magistrada el 17 de marzo último.

El fallo correspondió a un recurso de amparo interpuesto por el legislador del MST Alejandro Bodart para frenar el precio del boleto de subterráneo, que desde el 14 de marzo último pasó a costar $4,50 para quienes lo abonan con las tarjetas SUBE o Monedero y $5 para quienes lo hacen en efectivo. La medida en cuestión es parte de un nuevo y complejo sistema de tarifa escalonada según la cantidad de viajes, implementado por el Gobierno de la Ciudad.

En la presentación, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, a cargo de Liberatori, el legislador ponía de manifiesto “la situación de desamparo y afectación de derechos de la totalidad de los ciudadanos usuarios del subterráneo”, y calificaba el aumento como “una medida arbitraria e irrazonable por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Destacaba asimismo que con la nueva tarifa “el pasaje acumulará un 309% de aumento en 26 meses, porcentaje unas seis veces superior a los promedios de aumentos salariales del mismo período”. Y subrayaba: “Esta nueva suba de la tarifa se da, asimismo, en el marco de un notable aumento de los subsidios estatales destinados al concesionario privado del subte, la empresa Metrovías, del Grupo Roggio, consistentes en la suma de $980.000.000 este año. Es decir, con relación al año 2013 se incrementó en un 40% el presupuesto destinado a subsidiar el subte en 2014”.

Como informamos oportunamente, en su fallo Liberatori dijo carecer de los elementos técnicos necesarios para dictaminar sobre la razonabilidad de ese incremento, cuya carencia esgrimía Bodart como uno de los argumentos de su presentación, y resolvió otorgar una medida precautoria distinta de la solicitada.

Así, no frenó el aumento; en cambio, ordenó al Gobierno de la Ciudad que en un plazo de cinco días hábiles tomara las medidas necesarias para corregir los desequilibrios del nuevo sistema tarifario, y sugirió que la tarifa fuera de $3,90 o inferior.

El Gobierno de la Ciudad apeló el fallo, que el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, calificó de “poco claro”. Por su parte, la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), dos días después, a través de la Resolución Nº 2.010/14, dispuso la creación de una comisión para la evaluación del cuadro tarifario.

A juicio de Bodart, esa comisión, “presidida por su propio gerente de planeamiento, es una burla a los usuarios del subte”. El legislador sostuvo que “el Gobierno porteño, en vez de rebajar la tarifa como ordenó la jueza y aparte de apelar, formó esta ‘comisión’ que es sólo una chicana de bajo vuelo y resultado cantado”. E ironizó: “Mauricio Macri y sus funcionarios copian las mañas del general Perón: ‘Si querés que algo no se haga, formá una comisión’”.

Una vez al corriente de la citación dispuesta por Liberatori, el legislador ratificó esos conceptos anticipando que “va a quedar al desnudo la maniobra de SBASE, que formó una ‘comisión para evaluar el cuadro tarifario’ al mejor estilo de Perón: para no hacer nada”.

A consecuencia de esa citación, los representantes de la empresa –que, en palabras de la magistrada, creó la comisión “en pretendido cumplimiento de la orden cautelar dictada” –, así como los del Gobierno de la Ciudad, deberán estar investidos “de las facultades suficientes y necesarias para hacer y escuchar propuestas tendientes a solucionar la controversia aquí debatida”.

Por su parte, Bodart anunció: “Voy a ir a refutar las mentiras del Gobierno macrista, que repite las de Metrovías, y reclamar que se suspenda el aumento y se rebaje el boleto hasta que se resuelva la cuestión de fondo planteada en mi amparo”.

Y agregó: “Aparte de inflar ilegalmente sus costos, la concesionaria privada recibe 900 millones de pesos al año en subsidios. Con tamaña suma, con el boleto a 1,50 debería dar un servicio de subte digno. La propia jueza propone una tarifa máxima de 3,90 pesos en su fallo, que el Gobierno incumple. Como mínimo, hay que suspender el aumento hasta verificar los costos reales”.