Sesión con final bochornoso

En una sesión que tuvo un final bochornoso y en la que se quebró el interbloque kirchnerista, los oficialismos nacional y porteño no lograron hacer aprobar por la Legislatura de la Ciudad Autónoma dos proyectos del Ejecutivo local que planteaban, uno, la cesión a la Nación de los predios donde funcionaron la ESMA y cuatro centros clandestinos de detención, y el otro, la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM).

“Esta vez no pudieron pero les faltó sólo un voto. Acá hay un nuevo pacto del Pro y los K, que quieren convertir a la ex ESMA en su búnker. No bajaremos los brazos”. Así se expresó el ex premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, al término de la sesión celebrada el 24 de abril último, que se levantó entre gritos e insultos.

Antecedentes

El 22 de enero último, el jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Milton Capitanich, y la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, suscribieron en secreto un convenio cuya primera cláusula establecía que el Gobierno porteño entregaba al Poder Ejecutivo Nacional el usufructo de los edificios donde funcionaron la ESMA y los centros clandestinos de detención Automotores Orletti, Club Atlético, Olímpico y Virrey Cevallos, ubicados todos ellos en territorio porteño. Asimismo, la cláusula octava disponía la transferencia del personal del IEM al Ejecutivo nacional.

El convenio tomó estado público gracias a una denuncia de Pérez Esquivel a través de una columna de opinión publicada en el diario Perfil el 1° de febrero, donde, entre otras cosas, lamentaba que la existencia del IEM se viera “amenazada por un acuerdo de cúpulas que dejan de lado la experiencia acumulada en función de intereses partidarios y gubernamentales, y que quienes son responsables de estos manejos demuestren su mediocridad conceptual y falta de ética política”.

Comparaba el convenio “con los negociados inmobiliarios vendiendo espacio público”, y se preguntaba “qué intereses y negociados tienen entre ambos gobiernos para llegar a este atropello”.

Con notable sensibilidad política, la diputada de la Ciudad María Inés Gorbea (SUMA +) presentó días después, en la Legislatura, un pedido de informes al Ejecutivo sobre la “posible disolución del Instituto Espacio para la Memoria” y “un posible acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, para traspasar el control de los ex centros de detención de Buenos Aires”.

A su vez, sus compañeros del interbloque UNEN emitieron un comunicado en el que afirmaban que “un acuerdo que relega a los históricos movimientos de DD.HH. de la Argentina, nada tiene que ver con dar garantía a nuestra sociedad de seguir construyendo la memoria, la verdad y la justicia”.

Por otra parte, como según la decimotercera cláusula del acuerdo este requería su “posterior ratificación y/o armonización por parte de los respectivos órganos legislativos de las jurisdicciones”, el Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación un proyecto de ley por el cual el convenio se ratificaba, que el cuerpo trató en su sesión del 9 de abril y aprobó por 37 votos contra 14. En consecuencia, el proyecto pasó para su consideración a la Cámara de Diputados.

Votaron por la negativa los miembros presentes del radicalismo, socialismo, Proyecto Sur, Frente Cívico de Córdoba y Frente Cívico y Social de Catamarca (todos actualmente en el Frente Amplio UNEN), los del justicialismo de San Luis y Carlos Verna, del de La Pampa.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, envió el 3 de abril a la Legislatura un proyecto similar, junto con otro tendiente a disolver el IEM y “proceder a su liquidación” el 30 de este mes.

De entre los legisladores que anticiparon su rechazo, Alejandro Bodart (MST) opinó: “Este acuerdo del macrismo y el kirchnerismo pisotea nuevamente la lucha por los derechos humanos. Esta nueva reedición del pacto Pro-K en un tema sensible, liquida el ente autárquico y autónomo para subordinar esos espacios al Gobierno nacional de turno. Hoy, en concreto, a la Secretaría de DD. HH. que avaló la designación de [César] Milani en el Ejército, los asaditos de [Julio] Alak y el vaciamiento del Casino de Oficiales de la ex ESMA”.

Por su parte, Pérez Esquivel dirigió el 16 de abril una carta a todos los legisladores “para hacerles un llamado a una profunda reflexión” sobre un “intento [que] tiene fuertes connotaciones políticas que conjugan el erróneo deseo de una de las partes de apropiación de esos espacios de memoria, con la de la otra que nunca tuvo interés en los mismos”.

El texto puntualizaba seguidamente: “Ambos gobiernos actuaron con absoluto sigilo en la negociación de ese convenio, para presentarlo como un hecho consumado, sin la más mínima consulta, diálogo e información al IEM ni a los organismos de derechos humanos que luchamos por su creación como ente autónomo y autárquico”.

A su vez, el Instituto Espacio para la Memoria dio a conocer una declaración en la que comienza por explicar que se trata de “una institución autárquica y autónoma, en la cual confluyen organismos de DD.HH, articulándose con representantes del Estado local y personalidades destacadas, que inauguró y desarrolló una forma inédita de gestionar políticas públicas de memoria en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires”.

Con respecto al tema que nos ocupa, y después de señalar que “el Senado de la Nación –con el voto de los bloques del Pro y del FPV– dio media sanción al ilegítimo convenio”, se refiere al proyecto del Gobierno de la Ciudad, advirtiendo que su aprobación “constituirá una triste derrota del movimiento de derechos humanos que perderá así –producto de una maniobra sigilosa e inconsulta– una herramienta que ha dado sobradas pruebas de su compromiso y eficacia en la lucha por la Verdad, la Justicia y la Memoria”.

Mientras tanto, los tiempos legislativos se acortaban: el 30 de abril vencía el plazo para disolver el IEM, y la Legislatura, que sesiona los jueves, no había podido hacerlo el 10, por haber tenido lugar el paro, ni el 17, por haber sido feriado. Sólo restaba el 24: en consecuencia, en las últimas horas de la víspera las titulares de los bloques macrista y kirchnerista acordaron que los proyectos se tratarían sobre tablas.

Para la agencia gubernamental de noticias Télam, se descontaba que, con el acuerdo de los bloques mayoritarios, ambos proyectos serían aprobados.

La sesión

Para ello eran necesarios los votos de las dos terceras partes de los miembros presentes, y los integrantes del bloque del Pro, sumados a los del interbloque kirchnerista, superaban la cifra requerida.

Así las cosas, se apersonaron en el recinto, para manifestar su oposición, trabajadores del IEM acompañados por la dirigente del MST Vilma Ripoll y por destacados referentes de los derechos humanos como Pérez Esquivel y el presidente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Carlos Lorkipanidse, entre otros.

Advertidas las autoridades legislativas de la presencia del premio Nobel, lo invitaron a ocupar el sitial de honor, lo que hizo mientras la concurrencia aplaudía de pie.

Su comparecencia, según especularon distintos observadores, fue decisiva para que se quebrara el interbloque kirchnerista; también atribuyeron a la carta que había dirigido a los legisladores la sugestiva ausencia de varios de ellos, como el ex canciller kirchnerista Jorge Taiana, quien –enfrentado con la jefa de su bloque, Gabriela Alegre– había emprendido oportuno viaje. Tampoco asistió a la sesión Gabriela Cerruti.

Otros conspicuos adherentes al “modelo nacional y popular”, como Aníbal Ibarra, Susana Rinaldi y Pablo Ferreyra, al momento de votarse el tratamiento sobre tablas, se levantaron de sus bancas para no hacerlo. Finalmente, no se lograron los dos tercios necesarios para habilitar la discusión de los proyectos en cuestión.

Fue así como la sesión se cayó. No podían faltar las notas escandalosas, que en la oportunidad dieron las jefas de ambos bloques oficialistas (nacional y porteño), aunque en un principio se atribuyeron únicamente a la del kirchnerismo. Sin embargo, la propia Alegre se ocupó de aclarar después, video mediante, que fue su colega del Pro, Carmen Polledo (que no la desmintió), quien, molesta por los aplausos en que prorrumpían los trabajadores del IEM ante el fracaso de la votación, comentó, aparentemente sin percatarse de que el micrófono estaba abierto: “Mirá cómo aplauden estos p…”, y se rio.

Claro que Alegre no se quedó atrás. Visiblemente irritada también por las manifestaciones de los trabajadores, les anunció a voz en cuello que los proyectos se iban a aprobar la semana siguiente y se festejarían con “un asadito en la ESMA”.

Estos dichos motivaron la preocupación de Pérez Esquivel, quien consideró: “Es una falta de respeto que la principal impulsora de la disolución del IEM, Gabriela Alegre, les haya dicho a los trabajadores que cuando se disolviese el IEM estamos invitados a comer un asadito en la ex ESMA. No se puede banalizar la memoria histórica de nuestro pueblo, recordemos que los militares de la dictadura llamaban ‘asaditos’ a la quema de cuerpos en la ESMA”.

Y se esperanzó: “Confiamos en que las y los legisladores con principios actúen con dignidad y conciencia crítica, privilegiando los valores fundamentales de la democracia, por encima de la ‘obediencia debida partidaria’, que tanto daño le hizo a nuestro pueblo, y voten el rechazo del proyecto. Algunos ya se han expresado en este sentido y nos han dado su apoyo”.