“Los enfermeros son relegados y excluidos”

Los legisladores Myriam Bregman, Gabriel Solano, Alejandrina Barry (todos ellos del FIT) y Victoria Montenegro (FdT) se presentaron en carácter de amicus curiae en una causa judicial, para acompañar los reclamos de personal de enfermería que presta servicios en establecimientos del Gobierno de la Ciudad.

Cabe señalar que amicus curiae es una expresión latina que significa “amigos del tribunal” y que, de acuerdo con el Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española, se utiliza para designar a “una persona física o jurídica que sin estar legitimada como parte o como tercero en un litigio interviene voluntariamente ante un tribunal para colaborar con este aportando información objetiva”.

La presentación se efectuó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 6, a cargo de Patricia López Vergara, donde se tramita un recurso de amparo colectivo interpuesto en 2018 por el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Capital Federal, en el que se reclamaba la incorporación al régimen de la Carrera Profesional de la Salud de la CABA de los licenciados en enfermería, producción de bioimágenes, psicomotricidad y otras disciplinas “colaboradoras del arte de curar debidamente reconocidas por la autoridad competente”, y se cuestionaban los artículos de la Ley N° 6.035, de Profesionales de la Salud, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma el 1° de noviembre de 2018, que no ubican a las mencionadas entre las profesiones universitarias incluidas.

Según fuentes partidarias afines a los nombrados legisladores, la idea de la presentación surgió después de una reunión que el 21 de septiembre último mantuvieron aquellos con representantes de los enfermeros, después de una movilización del sector que fue reprimida a las puertas de la Legislatura por efectivos de la Policía de la Ciudad, dejando a varias enfermeras heridas.

Además, los legisladores hicieron coincidir la presentación con una nueva y masiva movilización de enfermeros que anteayer marcharon desde el Congreso hasta la Legislatura, reclamando el reconocimiento como profesionales de la salud y un inmediato aumento salarial. Participaron trabajadores de los distintos establecimientos públicos y de algunos privados de la ciudad, como también de hospitales del conurbano.

La presentación

En la presentación, en la que contaron con el patrocinio del abogado Eric Iván Soñis, los legisladores mencionan en su primer argumento a “la pandemia del COVID-19” que, según señalan, “puso en cuestión la precariedad en la que se encuentra el Sistema de Salud Pública en la Ciudad de Buenos Aires”.

Sostienen que, en ese sistema, “el recorte de derechos laborales y los bajos salarios que llevan a la precarización de sus trabajadores y de la atención a la población son la regla más que la excepción”.

A continuación, manifiestan que “en los últimos cinco años y considerando la variación real por inflación, los recursos que la Ciudad destina a la salud han sufrido una caída del 29%”, la que “recae fundamentalmente sobre el personal de salud, con salarios congelados, falta de personal, aumento de la jornada laboral y mayor precarización”.

Afirman luego que los enfermeros “son parte fundamental del equipo de salud”, pero que “históricamente han sido uno de los sectores más explotados y relegados del sistema”, situación a la que se suma “la discriminación que vienen sufriendo por parte del Gobierno de la Ciudad al ser excluidos de la Carrera Profesional de la Salud”.

En lo que a salarios se refiere, puntualizan que los enfermeros de la ciudad “cobran al día de hoy 38.000 pesos mensuales y no cuentan con determinados derechos laborales”, pues, entre otras cosas, “no se les abona el plus salarial por desempeñar sus labores en las llamadas áreas críticas”, como tampoco “se les reconoce la insalubridad”, ni pueden gozar plenamente de la licencia por estrés.

Aducen que “estas condiciones, y particularmente las económicas”, empujan a los enfermeros “al pluriempleo o a los llamados ‘módulos’ (horas ‘extras’ mal pagadas, menos de 100 pesos la hora)” y “para llegar a fin de mes con un salario acorde a su tarea, deben trabajar 14 o más horas por día”, por lo cual son muchos los que se ven “obligados a ir de un hospital a otro para poder cobrar algo más para llevar el sustento a sus familias, aumentando significativamente las posibilidades de contagiarse de COVID-19”, mientras que “con el pase a la Carrera Profesional alcanzarían ese nivel salarial con una jornada de seis horas, además de gozar plenamente de los diez días anuales por estrés”.

Consignan posteriormente que el sector “suma más de ochenta fallecidos en el país y ocho en la Ciudad de Buenos Aires, siendo en consecuencia el personal sanitario que más muertes representa” y destacan, dramáticamente, que “resulta muy estresante brindar cuidados en este terrible contexto de pandemia, morir y que no sean reconocidos como profesionales por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

En ese sentido, consideran que “es una situación difícil de aceptar que al personal que brinda los servicios de salud, al cual cada noche la sociedad reconocía desde sus balcones por las tareas realizadas, no se los reconozca como lo que son: profesionales de la salud”, y “no solo a enfermería (que prestan cuidados las 24 horas del día los 365 días del año), sino también a los licenciados en bioimágenes, psicomotricidad e instrumentadores, profesiones excluidas arbitrariamente de la ley”.